Una asociación lo denunciará penalmente por tercera vez

Infojus Noticias
16-1-2014 | 18:57 | Metrobús
Por: Franco Lucatini

La obra del Metrobus en el cruce de las avenidas San Juan y 9 de Julio estaba suspendida por una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori. El GCBA debía presentar los certificados de impacto ambiental, pero violó la cautelar y ayer reanudó las obras.

El Gobierno porteño reanudó ayer las obras del Metrobus 9 de Julio, para construir dos túneles en el cruce con la Av. San Juan y evitar la demora que genera el cruce de los carriles. Una medida cautelar solicitada por la asociación Propuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (PropAMBA) y concedida por la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad Elena Liberatori, suspendía la construcción hasta tanto el Ejecutivo porteño presentara los certificados de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental fue realizado, pero no lo contrató la administración pública, sino la misma empresa que realizará la obra: José Cartellone Construcciones Civiles S.A. “Hicieron el estudio a medida y violaron las condiciones que exige la Ley de Ambiente de la ciudad”, denunció Nidia Marinaro, arquitecta del Estudio Livingston e integrante del grupo PropAMBA, consultada por Infojus Noticias.
La asociación denunció que las obras del Metrobus no cumplían las condiciones que impone la ley para ser llevadas adelante, y que el Gobierno porteño violó sistemáticamente los estándares del sistema jurídico de la ciudad al momento de construirlo. En este caso, se suma la complejidad de la obra: el trabajo de las tuneleras en el suelo arenoso de la 9 de Julio podría generar derrumbes y asentamientos, sumado a que los edificios linderos podrían sufrir daños por los temblores.
Debajo de la avenida más ancha del mundo se cruzan caños de agua, un caño maestro de gas de enormes dimensiones –que deberá ser desviado-, caños por donde pasan cables de media tensión de energía eléctrica y la línea C de subterráneos. Para Marinaro, “es un despropósito dedicar trescientos millones de pesos a una obra que es totalmente innecesaria, que se podría resolver invirtiendo la circulación, usando los carriles laterales y colocando las paradas en Carlos Pellegrini y Cerrito, con un costo mínimo para el erario público”.
Desde PropAMBA realizaron esa propuesta formal al subsecretario de Transporte de la ciudad, Guillermo Dietrich, pero respondió que los restaurantes y bares no podrían colocar algunas de sus mesas en la vereda y terminarían quejándose. “Se habrían usado tan sólo algunos metros, sin necesidad de sacrificar las plazoletas centrales y acabar con una gran cantidad de espacios verdes”, explicó Marinaro.
Al no utilizar los carriles laterales de la avenida y construir las paradas en el centro de la 9 de Julio, debió invertirse la circulación de los carriles usados por el Metrobus. Respetando la dirección normal de los carriles, las paradas tendrían que haberse construido enfrentadas. Para que ambos sentidos de circulación compartieran la parada, se cambió el sentido del tránsito de colectivos, pero se generó una complicación en las cabeceras del trayecto: ahora los colectivos debían turnarse para retomar, por ejemplo, la Av. San Juan, y se perdían poco más de dos minutos en la espera. Los túneles buscan corregir eso.

La denuncia penal

Hasta el 30 de diciembre, el GCBA no había presentado los informes ante la jueza, y por ende la cautelar seguía en pie. Luego vino un día de asueto y comenzó la feria judicial. Marinaro pedirá que se habilite la feria para presentar más documentación al juicio vigente, y no descarta presentar otra acción de amparo en el mismo sentido. Ante la violación de la cautelar, la arquitecta realizará en los próximos días una denuncia penal. “Está desobedeciendo una manda judicial”, explicó. “El Gobierno porteño desoye el mandato de un poder del Estado”.
No sería la primera denuncia penal contra Macri. Tan sólo en lo que respecta al Metrobus y a los reclamos de PropAMBA, esta será la tercera presentación. En mayo, la legisladora María José Lubertino y los arquitectos Rodolfo Livingston y Nidia Marinaro denunciaron penalmente al jefe de Gobierno Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo acusaron de violar el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, que establece que no se puede disminuir el espacio verde de la ciudad, que debe protegerse y aumentar su superficie.
En esos días, Marinaro presentó otra denuncia, junto a una vecina del barrio de Villa Soldati, por las agresiones de una patota sobre la señora y su hijo. El grupo se presentó en una asamblea de vecinos que discutía sobre las obras del Metrobus Sur, con la intención de disuadirlos. Amedrentaron a los vecinos y golpearon a varios de ellos. Paradójicamente, uno de los integrantes de la patota era un funcionario del área de Participación Ciudadana del GCBA.

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