Comuneros rechazaron el proyecto macrista para recortar facultades de las comunas

télam 19.11.2013

Comuneros de distintas fuerzas políticas rechazaron la iniciativa para modificar la Ley de Comunas, que recorta facultades de estas instancias descentralizadas de gobierno local, lo que además reduce las herramientas para propiciar la participación vecinal.

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El proyecto presentado por el Ejecutivo porteño el viernes último busca modificar la Ley Orgánica de Comunas, que ordena el funcionamiento de los gobiernos descentralizados de la ciudad de Buenos Aires.
Los comuneros no alineados con el PRO, denunciaron que la iniciativa busca recortar las ya de por sí escasas funciones de las Juntas Comunales.Paula Resels, comunera del Partido Socialista Auténtico en la Comuna 11, señaló que el proyecto de ley apunta a “eliminar la democracia participativa”.
Consultada por Télam, afirmó que de ser aprobado por la Legislatura porteña, el proyecto “dejará a los Consejos Consultivos Comunales como meros espectadores del Ejecutivo”, a contramano del espíritu participativo de la Ley 1777.
Los reclamos por la demorada transferencia de funciones del gobierno central hacia las comunas, fueron permanentes durante estos últimos dos años.
En octubre de 2011, semanas antes de la asunción de los primeros comuneros, elegidos por el voto popular en los comicios de ese año, el macrismo creó las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) que absorbieron buena parte de las tareas que debían asumir las Juntas Comunales.
En este sentido, Resels afirmó que el proyecto apuesta a “poner en la ley lo que están haciendo de hecho. Buscan que sus prácticas dejen de ser ilegales”.
Carlos Grisaffi es uno de los integrantes de la Junta Comunal 15 en representación del Frente para la Victoria. En este distrito las fuerzas opositoras al PRO consiguieron en 2011 la mayoría de la Junta, al igual que en otras tres Comunas.
A pesar de esa mayoría, no han logrado avanzar en la gestión comunal más que en otros distritos, producto de la imposibilidad de manejar un presupuesto propio y dar curso a las iniciativas populares.
El proyecto del macrismo “apunta al vaciamiento de las comunas, depositando todo el poder en los presidentes de la Junta Comunal”, afirmó Grisaffi.
Para el comunero del FPV esto no es casual, ya que “hace dos años vienen trabajando en el desguace de los gobiernos comunales”.
Aunque Grisaffi reconoció que nunca contaron con un presupuesto real, ya que las partidas son manejadas por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, afirmó que esta medida si prospera “agravará la situación de las comunas”.
“Ahora quieren eliminar de la ley la posibilidad de manejar recursos, para evitar que los comuneros y vecinos podamos apelar a una vía judicial para frenar el vaciamiento”, concluyó el dirigente barrial.
Una de las modificaciones más controvertidas del proyecto, es la que anula la categoría de “jurisdicciones” de las 15 Comunas, por lo que dejarían de ser organismos con capacidad de ejecutar partidas presupuestarias.
Maximiliano Nenna, comunero del FPV en la Comuna 4, destacó la gravedad de este cambio al afirmar que el objetivo de este segundo intento de modificación “es la desvalorización tanto de las Comunas como de la participación vecinal”.
Si bien el proyecto prevé la supresión de los salarios de los comuneros, Nenna declaró que “lo más importante es que se trata de una reforma anticonstitucional, que anula la jurisdicción presupuestaria y rebaja a las Comunas a simples entidades dependientes del Ejecutivo”.
Este cambio está propuesto en el artículo 26 del proyecto del macrismo y obliga a las Comunas a enviar sus declaraciones y resoluciones a la Procuración General de la ciudad antes de hacerlas públicas.
Nenna señaló que “esto es totalmente ilegal, las comunas tienen rango constitucional. Es como si obligaran a la Auditoría General a girar sus resoluciones a la Procuración antes de publicarlas”.
Las Comunas se constituyeron tras las elecciones de 2011, cuando en la ciudad de Buenos Aires se eligieron por primera vez a 105 comuneros que integraron las 15 Comunas porteñas.
Estos organismos, que reemplazaron a los Centros de Gestión y Participación, estaban contemplados en la Constitución porteña de 1996 pero debieron esperar 15 años para entrar en vigencia.
El objetivo de las Comunas, tipificado en la ley 1777, es la descentralización de funciones del gobierno porteño en manos de vecinos y dirigentes territoriales elegidos por voto popular, que dieron forma a 15 gobiernos colegiados de 7 miembros cada uno.
Estos gobiernos comunales, según la norma que ahora el macrismo busca modificar, deben promover la participación vecinal y a la vez llevar adelante tareas administrativas y políticas en el territorio, pero desde su inicio estuvieron bajo una fuerte controversia sobre los alcances y funciones que deberían cumplir.
A poco de asumir, los comuneros opositores, pero también algunos pocos integrantes del PRO, denunciaron que las competencias que les cabían a las Comunas fueron absorbidas por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en manos de Eduardo Machiavelli.
Este funcionario es señalado por la oposición porteña como el responsable de trabar la puesta en marcha de los gobiernos comunales a través de la administración discrecional del presupuesto que debería girarse directamente a esos organismos.

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