NO LOS QUEREMOS POR ACA

La verdadera política habitacional y de vivienda del macrismo en la Ciudad.
Por Dr. Mariano C. Bibolini
Integrante de PropAMBA
28 de octubre de 2013

DSCN3945El pasado domingo 11 de octubre murieron Víctor (9) y Héctor (11); hermanos que vivían junto a su familia (y otras 10) , en dos conventillos del Barrio de La Boca, a unas 7 cuadras del turístico paseo de Caminito.
El incendio se inicio temprano a la mañana, aparentemente por una pelea.
Desde el mismo día, las familiar afectadas iniciaron un improvisado acampe frente a los que fueron sus hogares, requiriendo una solución a su problema de vivienda.
La respuesta que el Gobierno porteño les ofreció fue dinero por un tiempo o el traslado a hoteles y paradores.
Según el diario barrial Sur Capitalino, en los últimos 4 años fallecieron 12 niños (menores de 14 años) como consecuencia del incendio de sus viviendas.

El Derecho a la Vivienda en la Constitución de la Ciudad Autónoma, Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

La Constitución de nuestra Ciudad Autónoma consagra la construcción de un Estado Social de Derechos, que amplía en este sentido la responsabilidad estatal.
Así, reconoce el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna y adecuada y es el Estado local el obligado a respetar, proteger y garantizar este derecho y a resolver, progresivamente, el déficit habitacional, dando prioridad a los sectores de pobreza crítica (art. 31 CCABA).
El art. 31 de la CCABA se enmarca en el contexto normativo de la Constitución Nacional y particularmente en el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)—en concreto art. 11 que reconoce el derecho a la vivienda adecuada—, elevado a la jerarquía de regla constitucional, en las condiciones de su vigencia, por el texto del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que disponga”, por tanto, para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar el máximo de los recursos que están a su disposición para satisfacer sus obligaciones.

En este marco, hay unánime consenso acerca de la aplicación de dos principios rectores a los que debe someterse toda política pública, norma legal y acto de gobierno. Son los principios de No Regresividad y Progresividad en materia de Derechos Sociales.
Lo que vienen a consagrar estos dos principios es que el Estado debe ir ampliando, mejorando y otorgando mayores derechos sociales (como el de la Vivienda Digna y Adecuada) y una vez materializada la mejora sobre ese conjunto de Derechos, tiene vedada, es decir, no puede adoptar políticas o medidas que impliquen una situación de retroceso o disminución de los mismos.

La Política Pública en Vivienda del GCBA- Presupuesto y Sub-Ejecución

De acuerdo al informe de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) “Sin Vivienda para los Mas Vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires“, el crédito presupuestario asignado para el año 2013 es inferior a cualquiera de los años anteriores, en una medición a partir de 2008.
Por otro lado, en todos los años del análisis, se verifica una notable sub-ejecución que va desde un 93% al inicio (2008) a un 57% en 2011.
En concreto: el GCBA presentó ante la Legislatura porteña su proyecto anual de presupuesto, con partidas específicas para su política de vivienda y luego no utilizó los recursos que tenía disponibles para ese fin.
Respecto de Presupuesto Total del GCBA en el período analizado, el estudio revela una tendencia negativa, alcanzando su punto mas bajo en 2010, año en el cual el gasto en vivienda original fue del 2,6% del total del Presupuesto y solo se devengo efectivamente el 1,5% (ob. cit. pag. 5)
Como referencia, el presupuesto del año 2005 para Vivienda se ubico en el 5,3% del Presupuesto total.

Las Villas

Merecen una especial referencia, ya que la política pública y presupuestaria seguida al respecto, demuestra a las claras el total desinterés y violación al Derecho Constitucional a la Vivienda Digna, por parte del GCBA.
En el año 2001 se puso en marcha el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT), con el concreto objetivo de llevar adelante soluciones específicas para el problema habitacional de este grupo social.
En 2008, la actual Administración intentó sancionar un proyecto de ley por el cual transfería funciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a otros organismos Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), Corporación Buenos Aires Sur (CBAS.
El proyecto no fue aprobado, pero el Ejecutivo logró vaciar por la vía presupuestaria al PRIT.
Así, el Programa contaba en 2008 con un presupuesto de $ 267.585.473; en el año 2012 se le asignaron solo $ 39.777.283 y para el año en curso no tuvo partida asignada, pese al anuncio de la realización de obras correspondientes al mismo.
El Derecho a la Vivienda Digna, las Políticas Públicas implementadas a tal fin y la interpretación judicial.
La vulneración estatal al derecho a la Vivienda Digna tuvo (y tiene) repercusión en el Poder Judicial.
Así, en autos “Ministerio Público – Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (Expte. nº 6153/08), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sentó su doctrina respecto del art. 31 de la CCABA, entendiendo que el mismo le impone al GCBA…a) atender con medidas y recursos diversos la carencia de vivienda digna de sus habitantes…h) el Estado debe brindar al menos un techo a quien esté dentro del universo de individuos al que le toca asistir y no lo tenga.
A su vez, entendió que los subsidios para vivienda no constituyen la política a que hace referencia el art. 31 de la CCABA, y que el abordaje que el Gobierno ha dado al problema habitacional dista del programa que la CCABA le ha encomendado.
Incluso la CSJN, al admitir y resolver las actuaciones “Recurso de hecho deducido por S. Y. Q. C. por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, tratándose de un caso de una madre con un hijo menor discapacitado (encefalopatía crónica no evolutiva), en situación de calle y a quienes se les negó la inclusión en programas de acceso a la vivienda, dijo: “…resulta evidente que el esfuerzo estatal realizado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que las normas constitucionales garantizan a la señora S. Y. Q. C. y su hijo no es suficiente o adecuado ya que ni siquiera atiende a las mínimas necesidades que la situación del grupo familiar demandante requiere…”

No los queremos por Acá

El año 2001 marco el punto social, económico y político mas critico de nuestro país. Por eso, la Legislatura local declaro la Emergencia Habitacional y la suspensión de los desalojos por 3 años, de todos los inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
El Estado de Emergencia fue prorrogado varias veces hasta que, en febrero de 2009 el Ejecutivo VETO la Ley 2973, que renovaba la prohibición de desalojos, ya que, en palabras del Jefe de Gobierno “…la Ciudad de Buenos Aires no puede seguir recibiendo semejante cantidad de corrientes masivas de gente…” (“Crónica de la guerra por un techo”, La Nación, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1096392-cronica-de-la-guerra-por-un-techo)

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3 pensamientos en “NO LOS QUEREMOS POR ACA

  1. Espero que al aplicar la Ley de Medios, se podamos informar a la “gente” todas las manibras de este “delincuente Capitan de Ciudad Verde…..dolar!!!”

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