La Constitución y el metrobus

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SÁBADO, 29 DE JUNIO DE 2013
  Por Sergio Kiernan


La Constitución y el metrobus

Un fuerte escrito pide a la Justicia que declare inconstitucional lo actuado por los jueces que permitieron la tala de árboles y la mudanza de monumentos.

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La arrasada avenida Nueve de Julio ya está empezando a tomar su nueva forma, una que ni los diarios aliados al macrismo pueden elogiar más allá de la gacetilla. El “tubo” del metrobus, donde los colectivos circularán al revés –a la inglesa– ya está elevado y el conjunto funciona como un gigantesco lomo de burro para el tránsito transversal. En varias calles hacia el centro, ya se ve el “nuevo microcentro” de los carteles amarillos, esas semi-demi-cuasi peatonalizaciones con bolones de metal brillantes y medio enterrados. Varios árboles fueron discretamente talados, incluyendo al menos dos palmeras, y alguno de los monumentos fueron recolocados. Aunque no del todo: al del Descubrimiento de América, en la esquina de Santa Fe, le faltan elementos y el de la democracia de Gyula Kosice fue “remodelado”. Luego de que las topadoras se llevaran puesto su basamento, reapareció transformado en fuente en la esquina de Marcelo T. de Alvear. Y como todas las fuentes, no tiene chorrito sino unos centímetros de agua sucia y estancada.
Parte de la responsabilidad por este estado de las cosas le puede caber a la Justicia porteña por no haber intervenido de buena forma. Es lo que opinan el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim y el defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Fernando Lodeiro Martínez, que acaban de presentar nada menos que un recurso de inconstitucionalidad por este tema. El escrito se centra en el amparo pedido por Nidia Marinaro, Mónica Capano y Rodolfo Livingston, que los defensores consideran fue manejado con graves falencias. De hecho, acusan que la sentencia de primera instancia violó la protección constitucional a un ambiente sano y la protección del patrimonio, y que la Cámara de Apelaciones simplemente desconoció el principio precautorio ambiental. Para peor, las sentencias desconocieron que el Ejecutivo se tomó atribuciones que en rigor le caben al Legislativo.
Entre otras críticas a lo decidido por la Justicia, está el espectacular argumento de que sólo lo catalogado formalmente, por ley, es patrimonio. Como bien señalan los apelantes, esto de ninguna manera es sostenible y el daño es “dejar huérfanos de protección a diversos bienes, merced a la burocracia legislativa”. La argumentación recorre convenios internacionales, leyes y prácticas de países como Colombia o Panamá, y la abundante y poco cumplida legislación local sobre temas de arqueología.
Otro asunto de relevancia es acusar a la Justicia de dejar que el Ejecutivo traslade monumentos de aquí a allá sin darle vela al Legislativo. Resulta que para poner un monumento aquí o allá hace falta una ley, que bien puede ser propuesta por el jefe de Gobierno o por algún diputado. Esto hace caer de su peso que para mover un monumento hace falta también una ley, que en el plan de obras de la Nueve de Julio podría haber abarcado todos los monumentos a mover. El fallo de la Justicia ni siquiera contestó este tema, de gravedad constitucional.
El capítulo ambiental es el más rico conceptualmente, porque no sólo acusa la reducción de espacios verdes de la obra y la tala de árboles, sino que ataca la misma idea de privilegiar el colectivo. “La propuesta del metrobus no resulta ser la más amigable al medio ambiente, es decir, no se ha optado por mejorar el medio de transporte menos contaminante ya existente en la traza, la línea C del subte, ni tampoco se ha optado por un transporte más ecológico”, explica el escrito. Hasta el Plan Urbano Ambiental, esa antología de vaguedades bien intencionadas destinada a nunca ser aplicada, reconoce que los colectivos porteños son máquinas de fumigar.
El escrito también señala que hay una ley que crea el Sistema de Tránsito Rápido, el nombre legal del metrobus, que le permite al Ejecutivo proyectarlo y crear rutas. Pero la misma ley ordena que estos proyectos y rutas sean enviados a la Legislatura para su tratamiento y aprobación, lo que convenientemente para el macrismo nunca se cumplió.
Y, para completar, en todos los casos se avisa que los apelantes se reservan el derecho a ir a la Justicia Federal.

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