PATRIMONIO URBANO Y CULTURAL. LA SAGA CONTINUA

Fuente. Página/12 .Por Sergio Kiernan

El macrismo está cerrando los últimos detalles para opacar su gestión del patrimonio y poder facilitar los negocios en paz. Lo está haciendo con su habitual falta de sutileza, el llamable Estilo Ritondo al que ahora se le abre una rama Lombardi. Y está logrando lo que suele ocurrirle, que el costo político sea tan alto que todo empieza a salir mal. No sólo el patrimonio se está moviendo por primera vez en serio al nivel político nacional, sino que la oposición percibió cuánto cuesta desentenderse de esta agenda urbana.

El pasito de esta semana pasó por echar a gente que trabajaba con Mónica Capano en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño, ente mixto legislativo-ejecutivo. Como indica su nombre, esta entidad fue siempre un sello de goma para que funcionarias de carrera, seguras y sin sobresaltos como Liliana Barela, editaran libros y tuvieran tarjetita. Capano resultó insólita al transformar al sellito en un lugar molesto para el macrismo, ocupando y usando su asiento en el CAAP. Este consejo, otro ex sello de goma, sesionaba plácidamente y sabiendo muy bien sus límites. Capano discutió, votó en contra, pidió explicaciones y, pecado imperdonable, difundió la información de lo que allí se trataba. Por eso se la cargaron de mala manera, poniendo sobre tablas un nuevo titular y hasta engrupiendo a diputados que ni sabían de la importancia del tema.

El nuevo titular es Ricardo Pinal Villanueva, cuyo antecedente político más directo es haber sido cuarto suplente a comunero en las últimas elecciones. Pinal ni apareció durante las primeras semanas desde su nombramiento, probablemente preguntándose en qué se había metido al ver el huracán de reacciones a la democión de Capano. Se ve que le explicaron esta semana, porque empezó a tomar medidas. La primera fue cancelarles los contratos a dos eficientes colaboradores de la ex titular, dos muchachos que, tal vez medio confundidos, trabajaban como leones. Pinal los trató como lo que él mejor conoce, ñoquis, y a uno hasta lo destrató con un “Ah, ¿vos existís?”. A esta falta de códigos básicos –si alguien es un ñoqui, se le reclama al que lo nombró– y a la ignorancia absoluta de qué rol ocupaban estos muchachos en la investigación y relevamiento de edificios para ir al CAAP con elementos, Pinal les agregó algunas mentirijillas. Como decirles que no hay fondos para contrataciones, haciendo caras. Pues resulta que la comisión tiene plata en el banco y un muy buen crédito a favor de Hacienda: Pinal puede contratar a su gente y podría haber esperado a diciembre para dejar vencer los contratos actuales.

El problema con la gente de Capano es, como bien saben Pinal y el ministro que le dio las órdenes, que participan de la idea de informar de lo que ocurre. El problema para este candidato a cuarto suplente es que ya todo el mundo sabe de eso, por lo que la diputada Susana Rinaldi preparó una resolución para que la Legislatura controle a Pinal. La resolución hace que el Ejecutivo informe “en el plazo de 15 días de recibida la presente y respecto de hechos acontecidos en el ámbito de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Cultura, lo siguiente: Personal contratado que revista en la Comisión, tipo de contrato y modo de selección del mismo; 2. Antigüedad en la tarea desempeñada por cada uno de ellos; Fecha de firma de cada contrato y su duración; Vencimiento de cada uno de los contratos; Contratos rescindidos o dejados sin efecto antes de su vencimiento al día de la fecha; Si existe una decisión política de renovar la planta del personal contratado”.

Por si hace falta echar más agua, la resolución explica que en la comisión hay “inquietud” por el cambio de autoridades, ya que hubo una “efectiva rescisión de contratos antes de su fecha de vencimiento”. Otro éxito político de la gestión, y un debut maravilloso del suplente Pinal, que a lo primero que hizo movilizó a la Legislatura.

Mientras, en el CAAP

Este martes, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales tuvo sesión y el secretario de Desarrollo Urbano, Héctor Lostri, volvió a favorecer a sus fieles con otro discurso. Por un lado, les preguntó retóricamente si recordaban que les había pedido a cada uno una idea por semana para contrarrestar las críticas que recibe el organismo que autoriza tantas demoliciones de edificios anteriores a 1941. El comentario fue recibido con un pétreo silencio.

Lostri agregó, antes de irse apurado por un llamado que recibió, que el CAAP va a trabajar menos, ya que los pedidos de demoliciones bajaron a la mitad. Esto es muy probablemente producto de los controles a la compra de dólares y al origen de los fondos con que se construye y se compra, lo que dice mucho, pero mucho, sobre el carácter especulativo de los emprendimientos. Según el secretario, el consejo se va a reunir ahora cada dos semanas, porque la baja de expedientes sería del 50 por ciento.

Otra novedad de Lostri fue avisar que se iba a colocar en Internet el orden del día de las sesiones. El funcionario se adelanta así a la nube de proyectos de ley para regular el vale todo que él efectivamente dirige –-el director general, Antonio Ledesma, formalmente el titular del Consejo, nunca va y sólo firma, firma y firma– que coinciden en aumentar la transparencia de estas decisiones.

Lostri, como suele hacer, se permitió la ironía de decir que cuelga todo en Internet porque total, nadie lo va a leer…

Pozos

El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, anda investigando lo que puede ser una demolición ilegal de particular alevosía. La obra está en Rivadavia 2355, a cinco cuadras del Congreso, donde figura un aviso de demolición total que, parece, no cumple de lejos con la reglamentación del caso. Por eso, Gómez Coronado le envió un pedido de informes al director general de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, pidiendo que en diez días le informe del caso.

Por el mismo caso recibió una nota también el director general de Registro de Obras y Catastro, el ya célebre Guillermo García Fahler. En esta nota se le pregunta si hay un pedido de permiso de obra para esa dirección y, si así fuera, si los datos que aparecen en el cartel son ciertos. Lo que aparece ahora es que la demolición total es para un proyecto de Eduardo Abel Vainstein con cocheras, locales y viviendas por un total de casi 14.000 metros sobre un terreno de 3457. El cartel parece completo, pero falta nada menos que el número de expediente y la fecha de aprobación de la demolición.

Té y reunión

Como se sabe, la pobre confitería Richmond sigue cerrada, transformada en un elefante blanco gracias a la imprevisión legal de esta ciudad y a la negativa cerrada del macrismo a cuidar estas cosas. Este miércoles a las cinco en punto, la Red de Organizaciones por la Defensa del Patrimonio Urbano y Ambiental invita a tomar el té en la puerta del local de Florida y Corrientes. La movida es para pedir que se reabra la confitería, que la Justicia escuche las propuestas de inversores que quieren seguir en el rubro, y para que el ministro de Cultura intervenga de alguna manera útil, más allá de proponer abrir un kiosco turístico en el interior.

Al día siguiente del té hay otra invitación, ésta de la Red de Instituciones y Vecinos porteños que defienden su derecho a elegir cómo debe ser nuestra ciudad. Si el título suena vago es justamente porque el convite es a crear una coordinadora de grupos vecinales, avanzando en las reuniones cada vez mayores que se realizaron últimamente. La agenda va desde la calidad de vida, tan amplia, a la defensa del patrimonio edificado y al freno a la especulación inmobiliaria que se carga todo. La cita está abierta a todos y es en el local de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Corrientes 6114, a las siete de la tarde.

Desde Santiago

La capital chilena no es precisamente un ejemplo de preservación patrimonial, pero en este agosto dio una sorpresa notable que tanto funcionario suelto debería anotar ya mismo. Resulta que la Justicia condenó al alcalde santiaguino a pagar una multa de su propio bolsillo por haberse pasado la Ley de Monumentos Nacionales al remodelar una plaza. El alcalde Pablo Zalaquett tiene además que rehacer la plaza y volver a colocar su mobiliario original.

Este notable caso, realmente liminar, ocurrió en la Plaza Yungay, en el barrio del mismo nombre, muy cercando al Centro viejo de la ciudad. Yungay es una zona muy histórica, porque es el segundo lugar de Santiago que fue planificado por alguien. El primero fue la Plaza de Armas, creada por los fundadores españoles. El segundo fue lotear la Plaza Yungay, o sea que el lugar es antiguo de verdad. La fisonomía actual recuerda fuertemente a Palermo Viejo, con muchos pasajes y casas del siglo 19 y comienzos del 20, algunas de fuertes colores. Pero aquí y allá asoman todavía estructuras del siglo 18.

Uno de los problemas de la ciudad chilena es que existe desde 1990 un Programa de Renovación Urbana que cree a pie juntillas que la torre es progreso y todo lo nuevo es mejor, y no simplemente nuevo. En este contexto, Yungay es un barrio “quedado” porque no tiene edificios nuevos en altura por todos lados. Y aquí entra el intendente Zalaquett, con un plan para renovar la plaza famosa por el Monumento al Roto –el chileno de a pie– y por una arboleda frondosa y vieja. El funcionario empezó a talar árboles y a cambiar los bancos y farolas tradicionales de la plaza.

Se ve que en Chile los intendentes tampoco entendieron que el patrimonio y la identidad son agendas populares, porque Zalaquett se encontró con algo llamado Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay que no sólo protestó sino que le hizo un juicio. Y el viernes pasado, 24 de agosto, le ganaron al intendente. El fallo dice que la “Ilustre Municipalidad” infringió el artículo 30 de la ley 17.288, que protege y regula los monumentos nacionales chilenos, por haber talado los árboles y cambiado los elementos de la plaza sin consultar al Consejo de Monumentos Nacionales.

La demanda fue presentada por la vecina Rosario Carvajal y fue saludada por los Vecinos como “un precedente jurídico muy importante para el barrio, las zonas típicas, la comuna y el país. Esta sanción viene a poner en orden la labor de nuestros organismos públicos y la responsabilidad de quienes lo dirigen. Ningún alcalde del país podrá seguir actuando con impunidad frente a la destrucción de nuestro patrimonio y nuestros barrios, y la principal entidad patrimonial del país deberá enmendar su camino fiscalizando y haciendo cumplir la Ley de Monumentos, instrumento jurídico que sustenta su propia existencia”.

Esta enorme claridad conceptual sigue con el reclamo de que se restaure la plaza y se transparente el plan de obra con reuniones con los vecinos afectados por “la barbarie del alcalde”. El funcionario, a todo esto, se limitó a negar que hubiera quebrado cualquier ley, pero no aclaró si va a apelar o simplemente pagar la multa y reponer lo arrancado de la plaza.

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